Representantes del Gobierno central, gobiernos locales y sectores laboral y empresarial firmaron un manifiesto con seis compromisos en favor de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.
Este manifiesto ratifica el compromiso nacional, y le permitirá al Estado costarricense mantener la distinción de País Pionero en la lucha por la Erradicación del Trabajo Infantil y el Trabajo Adolescente Peligroso, precisó el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica (MTSS).
Trabajo infantil y adolescente peligroso, es todo aquel trabajo que priva a las personas menores de edad, de su niñez o adolescencia, de su potencial y su dignidad, que se interpone en su derecho a la educación y que es perjudicial para su desarrollo físico y emocional.
Al respecto, Andrés Romero, ministro de Trabajo y Seguridad Social, señaló que "a través del diálogo social permanente entre el sector público, las organizaciones de empleadores, la representación de las personas trabajadoras y la sociedad civil, bajo el impulso incesante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podremos cumplir con el espíritu de esta Declaración de voluntades: alcanzar las metas de "la Hoja de Ruta" y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, incluido el trabajo adolescente peligroso".
Desde el año 2020 Costa Rica, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue destacada como "país pionero" en el marco de la Alianza 8.7. de la OIT, gracias a los avances importantes en la prevención y el abordaje del trabajo infantil, por el amplio compromiso del sector público, empresarial, sindical y de la sociedad civil.
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el 2021, 6.091 personas con edades entre 12 y 17 años trabajan; de estas personas, 4.431 son hombres y 1.660 son mujeres. Lo corresponde a una tasa de ocupación del 1,3%.
Costa Rica respeta el derecho de las personas mayores de 15 años y menores de 18 años a trabajar, siempre y cuando sea en ambientes libres de trabajo peligroso, en armonía con su derecho a la educación y bajo el régimen de protección especial. Así, puedan fomentar sus potencialidades, lejos de actividades laborales peligrosas para esta población.
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