De acuerdo con el nuevo Informe Técnico OIT Cono Sur N°50: Trabajo, empleo, protección laboral y social en América Latina y el Caribe, 1994–2024, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pese a que la calidad del empleo, la inclusión laboral y la protección social en la región se han registrado importantes avances, las transformaciones estructurales son insuficientes para generar empleos de calidad que la creciente oferta laboral de la región necesita.

Tampoco se ha podido mejorar la productividad para distribuir mejor los frutos del crecimiento y asegurar trayectorias laborales más justas y sostenibles para todos, según el estudio elaborado por Fabio Bertranou, Director Adjunto de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe y Sonia Gontero, Especialista en Salarios y Tiempo de Trabajo, de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina.

Uno de los aspectos más relevantes del reporte es que la migración intrarregional ha ganado relevancia relativa y la integración laboral de migrantes es un importante desafío de política para los países de destino.

Asimismo, la informalidad laboral aún afecta a aproximadamente la mitad de los trabajadores en la región, con diferencias significativas entre países, sectores y grupos poblacionales. Esto constituye una limitación para el crecimiento económico, la protección social y la productividad.

Los jóvenes cuentan con mayor nivel educativo promedio que las generaciones precedentes, sin embargo, aquellos provenientes de hogares más vulnerables siguen enfrentando grandes obstáculos para acceder a empleos formales, bien remunerados y que les permita generar trayectorias laborales ascendentes.

De igual forma, la importante incorporación de las mujeres a actividades remuneradas ha marcado la dinámica del mercado laboral de la región, aunque aún existe un importante espacio de mejora para su plena inserción laboral.

Se han registrado avances en la institucionalidad del trabajo como en la ratificación de convenios internacionales, mejoras en legislación laboral, fortalecimiento del salario mínimo, reducción de jornadas excesivas, mayor cobertura de negociación colectiva y promoción del diálogo social.

El informe concluye con un llamado a fortalecer las instituciones del trabajo como pilar de cohesión social y sostenibilidad económica, así como promover políticas integrales de desarrollo productivo y empleo, con un enfoque territorial y de transición justa.

Otras recomendaciones son impulsar la formalización laboral mediante medidas integradas: incentivos, inspección laboral, formación, acceso a financiamiento y protección social.

A ello se suma reforzar el diálogo social tripartito para construir consensos en torno a la regulación del tiempo de trabajo, los salarios mínimos, la negociación colectiva y los derechos laborales en contextos de cambio, así como garantizar trayectorias laborales inclusivas para jóvenes, mujeres y personas mayores, adaptando las políticas públicas a las nuevas realidades del empleo.

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