Al cumplirse el plazo de 30 días hábiles que otorgó el Gobierno de la República para la devolución de los dineros del Bono Proteger que solicitaron funcionarios públicos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió el pasado 5 de agosto un informe con los primeros resultados de la gestión de cobro de estos recursos del erario público.

A inicios del junio pasado, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, solicitó al órgano recuperador que definiera una base de datos con la lista de personas que resultaba factible gestionar el cobro de este dinero.

Dicha lista se basó en lo establecido en el Decreto N° 43162-MP-MTSS-MDHIS y reveló que, de las personas que solicitaron este beneficio, había al menos mil 309 funcionarios públicos que recibieron este subsidio económico, quienes además de encontrarse activos al momento de realizar la solicitud o de recibir el monto, también les alcanzaba el deber de probidad.

Tras el hallazgo, la jerarca de Trabajo solicitó a 107 instituciones del Estado, el apoyo necesario para facilitar la gestión de cobro para determinar si se efectuaron procedimientos disciplinarios en contra de los funcionarios que recibieron este beneficio.

Luego de cumplirse el plazo fijado, el Ministerio de Trabajo emitió un informe con el estado actual de la gestión de cobro del Bono Proteger. En éste, se detalla el comportamiento del proceso de recuperación de sumas, provenientes de este subsidio.

El 27 de julio fue la fecha de corte que se estableció para la tabulación de los resultados obtenidos, en la gestión de cobro a un estimado de 1309 funcionarios públicos que solicitaron el Bono Proteger, una cantidad aproximada, puesto que el dato provenía de filtros realizados por la anterior administración y la actual no contaba con las bases de datos originales para verificar la exactitud de estos números.

Sumado a ello, en el año 2021 se solicitó a las instituciones certificar si las personas que se indicaron eran realmente funcionarios públicos, sin embargo; de las entidades consultadas, 23 de ellas no respondieron, por lo que la administración anterior decidió interpretar este silencio como positivo y los contabilizó como tales.

A partir de la información que se tenía disponible, entre los meses de junio y julio, la administración actual logró recuperar un monto total de ¢5.727.300, según informó la Tesorería Nacional, de 38 funcionarios que atendieron en tiempo la solicitud del Gobierno de la República.

Del mismo modo, el informe reportó que nueve instituciones también iniciarían con procedimientos disciplinarios, para colaborar con la gestión de cobro de 88 funcionarios públicos que a la fecha no han realizado las devoluciones, lo que significaría una recuperación de ¢11.749.000, adicionales.

Por otra parte, 17 instituciones declararon que en dicha lista existían individuos que ya no se encontraban laborando para el Estado; un total de 99 personas que fueron reportadas como ex funcionarios y que tuvieron que ser trasladadas al órgano recuperador para la gestión de cobro.

En el informe también se explica que hubo instituciones que alegaron que no era de su competencia realizar dichos cobros, por lo que se tuvo que trasladar un total de 78 personas de esta lista al órgano recuperador.

Asimismo, a pesar de los esfuerzos realizados para contactar y obtener respuesta de todas las instituciones involucradas, más de la mitad hizo caso omiso a las solicitudes de este ministerio, por lo que la gestión de cobro se tendrá que realizar por la vía ordinaria.

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