El estudio Mujeres líderes en el sector público en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desvela que la presencia de las mujeres es aún limitada a los niveles más altos de toma de decisiones de las administraciones públicas centrales y además se concentra en algunos pocos sectores específicos, como salud y educación.

Si bien en toda la administración pública las mujeres representan el 52 por ciento de la fuerza laboral, ellas apenas ocupan el 23,6 por ciento de los puestos de nivel 1 de jerarquía, equivalente a ministro/a, según el estudio que contiene datos de la participación femenina para 15 países de América Latina y el Caribe.

La brecha también persiste en escalones más bajos de liderazgo, pero en menor proporción. Las mujeres representan el 44,2 por ciento de los puestos de nivel 4, equivalente a director/a.

En promedio, el 41,4 por ciento de las posiciones de liderazgo de las 12 agencias seleccionadas para el estudio son ocupadas por mujeres. La segregación vertical (cuando las mujeres no ascienden a puestos de liderazgo) y horizontal (cuando las mujeres solo ascienden a puesto de liderazgo en sectores asociados con estereotipos de género tradicionales) persiste incluso en aquellos países donde la participación de mujeres es más alta.

De esta forma, la presencia de mujeres es mayor (45,4 por ciento) en áreas asociadas a roles estereotipados para las mujeres, como educación y salud, y disminuye su presencia (38,1 por ciento) en sectores históricamente masculinizados, como finanzas y defensa.

“El sector público en la región necesita de una agenda más ambiciosa de igualdad de género para potenciar el talento femenino para el desarrollo,” dijo Susana Cordeiro Guerra, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID.

Para impulsar una mayor participación femenina en los puestos de liderazgo, la publicación recomienda tres áreas de acción: romper las barreras de acceso para alcanzar la igualdad formal en puestos de decisión, con el establecimiento de metas de género con objetivos claros y cuantificables y procesos de selección estratégicos.

La segunda, es necesario fortalecer las capacidades institucionales para que las políticas de género puedan ser transversalizadas en todas las áreas del sector público, además de la implementación de una gestión de recursos humanos con perspectiva de género.

Por último, el estudio recomienda la diseminación de información desagregada y periódica sobre la presencia de mujeres en cargos de liderazgo en el sector público para el monitoreo permanente y para una mejor toma de decisiones.

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