Ante la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, que impide las operaciones de Cobre Panamá, la situación de los colaboradores ha cambiado y han surgido nuevos interrogantes, que requieren una aclaración por parte del Gobierno.

Estas cuestiones, junto con otras que son clave para la seguridad ambiental y la protección del sitio, siguen sin respuesta, y la empresa urge al Gobierno a abrir un diálogo sobre el plan de transición, puntualiza la minera en su página web.

A partir de las inquietudes de colaboradores y otros grupos de interés, y ante la falta de información necesaria por parte de las autoridades sobre los pasos a seguir, Cobre Panamá ha firmado un acuerdo con el sindicato mayoritario, UTRAMIPA, para abrir un programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. Este mutuo acuerdo incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda.

La empresa se reserva el derecho de aceptar las solicitudes de los trabajadores de un mutuo acuerdo, ya que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina. Por este motivo, el programa voluntario no se ofrecerá a todos los colaboradores.

En su página web, la minera puntualizó que, hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa en tareas de cuido y conservación (no operacional), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros.

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